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17 de dic de 2025
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Amir Carrizo
@amircarrizo
La Historia del Derecho es un fascinante viaje a través... Mostrar más
La Historia del Derecho va mucho más allá de simplemente conocer el pasado jurídico. Su objetivo es ordenar los hechos, explicarlos e investigar tanto sus motivos como sus fines. El historiador del derecho trabaja en tres etapas clave: investigación, ordenación y exposición de los sistemas jurídicos del pasado.
Esta disciplina tiene una naturaleza dual: es histórica porque investiga el derecho antiguo, y es jurídica porque reconstruye los sistemas jurídicos utilizando métodos propios de la ciencia del derecho. Al estudiarla, no solo comprendemos qué normas existieron, sino también por qué y cómo evolucionaron con el tiempo.
La metodología de la Historia del Derecho abarca tanto la investigación como la enseñanza. En la investigación se distinguen cuatro sub-etapas: el planteamiento provisorio (elección del tema), la investigación de fuentes (testimonios del pasado), la ordenación de materiales, y finalmente la exposición científica. Las fuentes de conocimiento histórico-jurídico pueden ser materiales (factores que provocan la aparición de normas) o formales (costumbres, leyes y doctrinas).
⚠️ No confundas la Historia del Derecho con una simple recopilación de leyes antiguas. Su verdadero valor está en comprender cómo el derecho ha sido tanto reflejo como motor del cambio social a lo largo del tiempo.
En Argentina, esta disciplina tiene una historia propia. Desde la conquista hasta 1810 regía el derecho indiano junto con el castellano. Tras la Revolución de Mayo, se desarrolló el derecho patrio (1810-1853) que culminó en la organización del sistema jurídico argentino con la Constitución Nacional y los códigos. Ricardo Levene fue una figura fundamental en este campo, publicando obras como "Historia del Derecho Argentino" que sentaron las bases para su estudio sistemático en nuestro país.
El concepto de "derecho" ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Fue el derecho canónico quien introdujo el término como lo entendemos hoy, considerando que el derecho "dirigía por el recto camino". Al formarse las lenguas romances, se conservó la voz "derecho" para designar el ordenamiento jurídico. En el siglo XIX surgió la distinción entre derecho objetivo (ordenamiento jurídico) y derecho subjetivo (facultad de accionar).
Las fuentes del derecho han variado su importancia a través del tiempo. La costumbre, que fue la principal fuente en el derecho romano y durante el período alto medieval, fue perdiendo relevancia frente a la ley. Durante la época visigoda, los reyes se atribuyeron el poder de dictar constituciones. En el período bajo medieval y moderno, chocaron dos tendencias: la romana (favorable a la ley) y la canónica (inclinada por la costumbre).
En el derecho indiano, mientras la costumbre decaía en España, en las Indias conservó su fuerza hasta el siglo XVIII. Finalmente, en el derecho nacional, la influencia de las ideas ilustradas creó circunstancias poco propicias para la costumbre, erigiendo a la ley como fuente principal, especialmente tras la codificación.
| Período | Decisiones judiciales | Ciencia jurídica |
|---|---|---|
| Romano | Los jueces intervinieron en la formación del IUS | Los juristas (prudentes) participaban en la interpretación de costumbres y redacción de leyes |
| Alto medieval | Época de apogeo junto con las costumbres | - |
| Bajo medieval | Reacción contra la creación judicial del derecho | Las opiniones de juristas acompañaban a los textos legales |
| Nacional | Solo la ley podía ser fuente de derecho | No era fuente directa sino indirecta del derecho |
💡 La evolución de las fuentes del derecho refleja una tendencia histórica: desde un derecho consuetudinario y judicial hacia un sistema cada vez más centrado en la ley escrita.
La enseñanza del derecho en Argentina tiene dos pilares históricos: la Universidad de Córdoba, inicialmente en manos de los franciscanos, que en 1793 incorporó cátedras de jurisprudencia civil y canónica; y la Universidad de Buenos Aires, cuyo departamento de jurisprudencia comenzó a funcionar con cátedras de derecho civil, natural, canónico y economía política, ampliando luego su plan de estudios hasta convertirse en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
El derecho castellano está profundamente ligado al derecho romano, iniciando con la primera romanización de la península ibérica en el 218 a.C. durante la segunda guerra púnica. Esta influencia perduró hasta la caída de Roma en el 476 d.C., cuando comienza el período visigótico que se extendería hasta la invasión árabe en el 711.
La romanización transformó la península ibérica en múltiples aspectos: social, cultural, económico, político-administrativo y jurídico. Durante este período coexistían diferentes derechos: el derecho romano (para ciudadanos romanos), el derecho indígena (para la población local) y el derecho de gentes (para relaciones entre romanos y no romanos).
El derecho visigodo marcó una transición importante. Los visigodos pasaron de un sistema consuetudinario primitivo a otro de derecho legislado, donde los reyes estaban sometidos a las leyes y no sobre ellas. Las leyes fueron recopiladas para darles estabilidad y facilitar su conocimiento, combinando elementos del derecho romano, germánico y canónico.
Entre los principales textos legales visigóticos encontramos:
Durante la Alta Edad Media (711-1150), la invasión musulmana provocó la disolución del reino visigótico. La guerra dificultó la vida urbana y toda la actividad de los reyes estaba volcada hacia el conflicto. Tanto el rey como los señores administraban justicia, pero con jurisdicción restringida.
⚠️ El fraccionamiento del poder político tras la invasión musulmana y la primacía de la costumbre y las decisiones judiciales fueron factores determinantes en la fragmentación del derecho castellano.
Frente a la anterior uniformidad jurídica visigótica, la España medieval se fragmentó en varios ordenamientos conocidos como derecho foral. Casi todo el derecho de esta época era particular, coexistiendo múltiples ordenamientos con ámbitos de vigencia limitados. Posteriormente, el derecho común emergió como la creación jurídica más importante de la baja edad media, elaborado sobre la base del derecho romano justinianeo y el derecho canónico por juristas y comentaristas.
El nacimiento de la ciencia jurídica medieval está vinculado a tres circunstancias históricas fundamentales: la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, la pervivencia del derecho romano durante la Alta Edad Media (principalmente a través de la Iglesia), y el descubrimiento del Digesto, que permitió estudiar el derecho romano en sus fuentes originales.
Los glosadores, iniciados por Inercio, desarrollaron un sistema que comentaba leyes y doctrinas romanas escribiendo glosas explicativas. Consideraban al derecho romano como la revelación jurídica, despreciando otros ordenamientos. Su obra culminó con la "Magna Glossa" de Accursio, que seleccionó las glosas más relevantes.
Los post-glosadores o comentaristas (siglo XIII hasta 1400) utilizaron un método diferente. Sus máximos representantes fueron Cino de Pistoia, Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldi. Mientras los glosadores partían de la ley y buscaban conocer su letra, los post-glosadores partían del caso práctico y buscaban conocer la razón de la ley, relacionando el derecho romano con otros ordenamientos vigentes.
El derecho canónico fue organizando desde los primeros siglos su propio sistema jurídico para regular el gobierno de la Iglesia. La primera colección de cánones la realizó Dionisio de Exigo a fines del siglo V. Entre 1140 y 1142, el monje Graciano compuso el "Decretum", y más tarde el papa Gregorio IX mandó compilar las normas posteriores ("extravagantes") en las "Decretales" (1234). Finalmente, en 1582 se publicó oficialmente el "Corpus Iuris Canonici".
💡 La interacción entre el derecho romano y el canónico fue fundamental para el desarrollo jurídico medieval, creando un sistema complementario donde cada uno enriquecía al otro.
"Las Siete Partidas", obra del rey Alfonso X, constituyen uno de los cuerpos jurídicos más importantes de la historia española. Se organizan en siete partes que abarcan desde la fe católica y la Iglesia hasta los delitos y penas. Sin embargo, solo tuvieron fuerza de ley a partir del Ordenamiento de Alcalá (1348), que estableció un orden jerárquico de aplicación: Ordenamiento de Alcalá, Fueros y Partidas.
Las recopilaciones castellanas posteriores incluyeron las Ordenanzas Reales de Castilla (1484), las Leyes de Toro (1505), la Nueva Recopilación (promulgada como "Nueva Recopilación de las leyes de Castilla") y finalmente la Novísima Recopilación (1805), que junto con las Partidas fueron las dos fuentes básicas del derecho castellano moderno.
El derecho indiano comprende el conjunto de disposiciones dictadas específicamente para regir en América, combinando normas del derecho castellano con elementos del derecho indígena. Este sistema jurídico se distinguió por tres características fundamentales:
El particularismo fue un rasgo distintivo, ya que la Corona española pronto comprendió la inmensa variedad de situaciones y necesidades en las Indias debido a las diferentes culturas indígenas. Esto llevó a abandonar criterios generales para buscar soluciones particulares adaptadas a cada realidad.
El publicismo se manifestó en que la gran mayoría de las normas pertenecían al derecho público, con solo una mínima parte dedicada al derecho privado. Esto se explica porque la Corona necesitaba organizar completamente los nuevos reinos en todos sus aspectos.
La importancia de la costumbre constituyó otra característica relevante, pues el legislador respetó el derecho consuetudinario, que ocupó un lugar destacado junto a la ley escrita.
El sistema jurídico indiano estaba compuesto por diversos elementos:
🔍 La complejidad del sistema jurídico indiano reflejaba la realidad multicultural y multiterritorial del imperio español, creando un sistema adaptativo que combinaba tradiciones europeas e indígenas.
La Recopilación de 1680 fue un intento de organizar este complejo sistema. Ante la dificultad de conocer las numerosas leyes sueltas, se buscó crear una recopilación metódica. El proceso fue largo: Ovando inició un extenso código indiano pero solo completó parte; León Pinelo continuó la labor desde Lima; y tras varias revisiones y comisiones, finalmente Carlos III promulgó la obra terminada en 1680.
Esta época coincidió con la aparición del estado moderno en España, período que abarca desde 1474 (coronación de Isabel I de Castilla) hasta 1808 (invasión napoleónica). Durante este tiempo ocurrieron acontecimientos trascendentales como la unión de las coronas de Castilla y Aragón, la expulsión de los moros, el descubrimiento de América y la incorporación de Navarra, completando el proceso de unificación territorial.
El derecho patrio o nacional argentino es aquel que rigió desde 1810 hasta nuestros días, dividido en dos grandes períodos: el derecho nacional precodificado y el codificado. A su vez, se clasifica en derecho general (para todo el país) y derecho provincial.
Un aspecto crucial es entender que la Revolución de Mayo no derogó el derecho anterior. La reasunción de la soberanía se apoyó en la vacancia del trono español y la ruptura del pacto con la corona, pero el derecho castellano-indiano se mantuvo vigente hasta la etapa de codificación, especialmente en el ámbito del derecho privado.
Hasta la sanción de la Constitución Nacional, en Argentina se distinguieron dos corrientes doctrinarias principales: una racionalista (predominante) que buscaba una constitución de tipo racional-normativa, y otra historicista que se inclinaba por una constitución histórico-tradicional. Los presupuestos para la codificación fueron:
El Código Civil argentino, obra de Dalmacio Vélez Sarsfield, utilizó numerosas fuentes, principalmente:
💡 El proceso de codificación no fue una simple copia de modelos extranjeros, sino una cuidadosa adaptación que combinó el derecho tradicional hispano con las innovaciones jurídicas europeas.
La estructura del Código Civil comprende dos títulos preliminares y cuatro libros: personas (libro primero), obligaciones (libro segundo), derechos reales (libro tercero) y sucesiones, privilegios y prescripción (libro cuarto). Desde su sanción, ha recibido numerosas reformas, siendo la Ley 17.711 la más significativa por modificar su carácter individualista.
El pensamiento jurídico argentino evolucionó a través de diferentes generaciones. La Generación de 1810 incorporó ideas iluministas-liberales junto con concepciones tradicionalistas-historicistas. La Generación de 1837 (a la que perteneció Alberdi) replanteó el problema nacional con una nueva concepción de la filosofía de la historia. La Generación de 1880 introdujo el positivismo de Comte, mientras que la de 1910 marcó la plenitud del naturalismo jurídico.
La expansión de España por todo el globo en el siglo XVI, gracias a sus descubrimientos geográficos y alianzas matrimoniales, creó una poderosa entidad que necesitaba un nombre que la diferenciara tanto del imperio como de otros reinos. Así nació el concepto de "monarquía", cuyo poder se fundamentaba en tres doctrinas:
Tras el descubrimiento de América, los Reyes Católicos solicitaron al Papa el dominio de las nuevas tierras. El Papa Alejandro VI les concedió "plena y libre potestad, autoridad y jurisdicción" sobre ellas. Inicialmente consideradas bienes gananciales, las Indias fueron formalmente incorporadas a la Corona de Castilla. Carlos V emitió una pragmática sanción prometiendo que estas tierras nunca serían enajenadas de Castilla, convirtiéndolas en bienes públicos.
La organización política del Estado indiano comprendía cuatro funciones principales:
🏛️ A diferencia del sistema político moderno de división de poderes, el régimen indiano organizaba las funciones estatales de manera más integrada, reflejando la visión unitaria del poder real.
El gobierno indiano se estructuraba en dos niveles:
Gobierno peninsular:
Gobierno local:
El control de los funcionarios indianos se realizaba mediante dos procedimientos: la visita (inspección en respuesta a denuncias) y el juicio de residencia (evaluación al término de sus funciones). Estos mecanismos buscaban garantizar el cumplimiento de deberes y evitar abusos de poder.
La Iglesia Católica constituyó una parte fundamental de la organización indiana, ya que el estado colonial se había propuesto cumplir un objetivo fundamentalmente religioso. Para asegurar esta finalidad, los reyes de Castilla se convirtieron en protectores de la Iglesia, y el Papa Julio II les concedió en 1508 el privilegio de presentar candidatos a arzobispos, obispos y abades.
El regalismo fue una institución civil por la cual los reyes se arrogaron la plena jurisdicción canónica en las Indias, considerándola un atributo inseparable de su poder absoluto. Esto permitió a la Corona ejercer un estricto control sobre los asuntos eclesiásticos en América.
Respecto a la condición jurídica de los habitantes, el derecho indiano estableció diferentes categorías:
Los indios eran considerados miserables, necesitados de protección por su incultura, pero simultáneamente se les imponían restricciones a su libertad y se los subordinaba a los españoles. Se intentó extirpar prácticas como la poligamia y el matrimonio por compra. Los indios no podían abandonar sus pueblos salvo para trabajar en las ciudades, y tampoco tenían plena libertad de contratación. Los bienes de las comunidades indígenas eran administrados por oficiales reales.
Los esclavos, introducidos en el Río de la Plata desde 1587, eran jurídicamente considerados como cosas susceptibles de ser objeto de toda clase de contrato. Sin embargo, el espíritu cristiano, que consideraba la esclavitud contraria al derecho natural, determinó que no estuvieran completamente desprovistos de derechos. Podían casarse libremente (incluso contra la voluntad de sus dueños) y en 1789 se promulgó una real cédula que procuraba un tratamiento más humanitario.
⚖️ El sistema jurídico indiano reflejaba la tensión entre el reconocimiento de ciertos derechos humanos básicos y el mantenimiento de profundas desigualdades sociales basadas en el origen étnico.
La Revolución de Mayo marcó una importante transición. Si bien los cambios jurídicos no fueron inmediatos, se inició un proceso hacia la declaración de independencia que culminaría en la organización nacional. El cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 resultó en la deposición del virrey, y el 25 de mayo se formó la Primera Junta de Gobierno.
Los Reglamentos de Mayo establecieron los principios políticos fundamentales como la soberanía popular, el sistema representativo y la división de poderes. La Asamblea de 1813, primera de carácter nacional, dictó importantes leyes políticas, sociales y religiosas, incluyendo la libertad de vientres, la abolición de títulos nobiliarios y la prohibición de tormentos.
El Reglamento de 1817, de carácter provisorio, estableció que el poder legislativo sería ejercido por el Congreso y suprimió el derecho a la resistencia o revolución. Este documento rigió hasta la sanción de la Constitución de 1819, que estaba dividida en seis secciones y tenía un marcado carácter unitario. Sin embargo, tras la derrota del Director Supremo en la batalla de Cepeda (1820), se firmó el Tratado del Pilar, por el cual Buenos Aires pasó a ser una provincia más.
La Constitución de 1826, sancionada bajo la presidencia de Rivadavia, estaba inspirada en la de 1819 aunque con algunos cambios en las denominaciones. Organizada en diez secciones, abarcaba desde la nación y su culto hasta las disposiciones para la reforma constitucional. No obstante, mientras se sancionaba, las provincias libraban una guerra civil cuestionando el poder central, y una a una fueron rechazando este texto constitucional.
El Pacto Federal de 1831 marcó un hito importante, ratificando tratados anteriores (Pilar, Benegas y el Pacto del Cuadrilátero). Era un acuerdo ofensivo-defensivo que establecía derechos y obligaciones para los habitantes de las provincias firmantes, y contemplaba la reunión de un "Congreso General Federativo" para dictar una Constitución federal. Todas las provincias se adhirieron a este pacto antes de finalizar el año.
Tras la batalla de Caseros y la derrota de Rosas, el Acuerdo de San Nicolás (31 de mayo de 1852) reunió a los gobernadores provinciales, estableciendo el régimen federal, la igualdad de las provincias y designando a Urquiza como Director Provisorio de la Confederación.
🔄 El camino constitucional argentino no fue lineal: estuvo marcado por avances y retrocesos, tensiones entre unitarios y federales, y la búsqueda de un equilibrio entre la autonomía provincial y la necesidad de un gobierno central.
Las reformas sociales de la Revolución también fueron significativas. La liberación de los esclavos se implementó de forma gradual: el Primer Triunvirato prohibió la introducción de esclavos, la Asamblea de 1813 dispuso la libertad para los hijos de esclavos, y finalmente la Constitución de 1853 estableció que "no hay esclavos" en Argentina.
En cuanto a los indígenas, muchos habitaban voluntariamente en estancias o casas de blancos y mantenían contacto con la civilización, trabajando como independientes en las ciudades. Sin embargo, las tendencias igualitarias que beneficiaron a indios y esclavos no alcanzaron a los mestizos, quienes seguían siendo considerados inferiores. Mientras tanto, los criollos se convirtieron en el elemento dominante de la sociedad, aunque surgieron rivalidades y persecuciones contra ellos.
El sistema constitucional argentino ha experimentado diversas reformas a lo largo de su historia, cada una reflejando los cambios políticos, sociales y económicos del país. La Reforma de 1860 introdujo cambios significativos: suprimió la mención de Buenos Aires como capital de la república, eliminó la aprobación de constituciones provinciales por el Congreso, restringió las facultades del gobierno nacional y eliminó la prohibición de modificar el texto por diez años.
La Reforma de 1866 modificó los artículos 4 y 67 inciso 1, estableciendo que los impuestos de importación y exportación pasaran definitivamente al Estado Nacional. La Reforma de 1898 cambió la base de elección de diputados (uno por cada 33.000 habitantes) y aumentó el número de ministerios a ocho.
La Reforma de 1949, durante la primera presidencia de Perón, incorporó los derechos de segunda generación (laborales y sociales), reconoció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, estableció la función social de la propiedad y posibilitó la reelección presidencial indefinida. Este texto tuvo validez hasta 1955, cuando las fuerzas armadas restituyeron la Constitución de 1853.
La Reforma de 1957 incorporó los derechos del trabajo en el artículo 14 bis, mientras que la enmienda de 1972 (realizada durante un gobierno militar) intentó modificar la parte orgánica del texto constitucional, pero quedó invalidada tras cumplirse el plazo fijado por la junta militar.
📜 Las reformas constitucionales reflejan la tensión histórica entre estabilidad institucional y adaptación a nuevas realidades sociales. Cada modificación responde a necesidades históricas específicas y visiones políticas dominantes.
La Reforma de 1994 fue quizás la más profunda. Surgió del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, líderes de las dos fuerzas políticas principales. Esta reforma modificó 44 artículos, incorporando nuevos derechos (ambientales, del consumidor, a la información), estableciendo la preeminencia de tratados internacionales, el voto directo, la reelección presidencial por única vez, y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, entre otros cambios significativos.
El texto constitucional también prevé situaciones de excepción como la intervención federal (intervención del gobierno nacional en las provincias) y el estado de sitio (instituto de emergencia que otorga mayores poderes a las autoridades para preservar la ley fundamental).
En cuanto a la relación entre la Iglesia y el Estado, la Constitución otorga un status especial a la iglesia católica. El acuerdo del 10 de octubre de 1966 entre el Papa Paulo VI y el presidente Onganía garantizó el libre ejercicio del culto católico, estableció la competencia de la Santa Sede para nombrar obispos y arzobispos, y reconoció libertad para las comunicaciones entre la Santa Sede y sus fieles.
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El derecho castellano está profundamente ligado al derecho romano, iniciando con la primera romanización de la península ibérica en el 218 a.C. durante la segunda guerra púnica. Esta influencia perduró hasta la caída de Roma en el 476 d.C., cuando comienza el período visigótico que se extendería hasta la invasión árabe en el 711.
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El nacimiento de la ciencia jurídica medieval está vinculado a tres circunstancias históricas fundamentales: la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, la pervivencia del derecho romano durante la Alta Edad Media (principalmente a través de la Iglesia), y el descubrimiento del Digesto, que permitió estudiar el derecho romano en sus fuentes originales.
Los glosadores, iniciados por Inercio, desarrollaron un sistema que comentaba leyes y doctrinas romanas escribiendo glosas explicativas. Consideraban al derecho romano como la revelación jurídica, despreciando otros ordenamientos. Su obra culminó con la "Magna Glossa" de Accursio, que seleccionó las glosas más relevantes.
Los post-glosadores o comentaristas (siglo XIII hasta 1400) utilizaron un método diferente. Sus máximos representantes fueron Cino de Pistoia, Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldi. Mientras los glosadores partían de la ley y buscaban conocer su letra, los post-glosadores partían del caso práctico y buscaban conocer la razón de la ley, relacionando el derecho romano con otros ordenamientos vigentes.
El derecho canónico fue organizando desde los primeros siglos su propio sistema jurídico para regular el gobierno de la Iglesia. La primera colección de cánones la realizó Dionisio de Exigo a fines del siglo V. Entre 1140 y 1142, el monje Graciano compuso el "Decretum", y más tarde el papa Gregorio IX mandó compilar las normas posteriores ("extravagantes") en las "Decretales" (1234). Finalmente, en 1582 se publicó oficialmente el "Corpus Iuris Canonici".
💡 La interacción entre el derecho romano y el canónico fue fundamental para el desarrollo jurídico medieval, creando un sistema complementario donde cada uno enriquecía al otro.
"Las Siete Partidas", obra del rey Alfonso X, constituyen uno de los cuerpos jurídicos más importantes de la historia española. Se organizan en siete partes que abarcan desde la fe católica y la Iglesia hasta los delitos y penas. Sin embargo, solo tuvieron fuerza de ley a partir del Ordenamiento de Alcalá (1348), que estableció un orden jerárquico de aplicación: Ordenamiento de Alcalá, Fueros y Partidas.
Las recopilaciones castellanas posteriores incluyeron las Ordenanzas Reales de Castilla (1484), las Leyes de Toro (1505), la Nueva Recopilación (promulgada como "Nueva Recopilación de las leyes de Castilla") y finalmente la Novísima Recopilación (1805), que junto con las Partidas fueron las dos fuentes básicas del derecho castellano moderno.
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El derecho indiano comprende el conjunto de disposiciones dictadas específicamente para regir en América, combinando normas del derecho castellano con elementos del derecho indígena. Este sistema jurídico se distinguió por tres características fundamentales:
El particularismo fue un rasgo distintivo, ya que la Corona española pronto comprendió la inmensa variedad de situaciones y necesidades en las Indias debido a las diferentes culturas indígenas. Esto llevó a abandonar criterios generales para buscar soluciones particulares adaptadas a cada realidad.
El publicismo se manifestó en que la gran mayoría de las normas pertenecían al derecho público, con solo una mínima parte dedicada al derecho privado. Esto se explica porque la Corona necesitaba organizar completamente los nuevos reinos en todos sus aspectos.
La importancia de la costumbre constituyó otra característica relevante, pues el legislador respetó el derecho consuetudinario, que ocupó un lugar destacado junto a la ley escrita.
El sistema jurídico indiano estaba compuesto por diversos elementos:
🔍 La complejidad del sistema jurídico indiano reflejaba la realidad multicultural y multiterritorial del imperio español, creando un sistema adaptativo que combinaba tradiciones europeas e indígenas.
La Recopilación de 1680 fue un intento de organizar este complejo sistema. Ante la dificultad de conocer las numerosas leyes sueltas, se buscó crear una recopilación metódica. El proceso fue largo: Ovando inició un extenso código indiano pero solo completó parte; León Pinelo continuó la labor desde Lima; y tras varias revisiones y comisiones, finalmente Carlos III promulgó la obra terminada en 1680.
Esta época coincidió con la aparición del estado moderno en España, período que abarca desde 1474 (coronación de Isabel I de Castilla) hasta 1808 (invasión napoleónica). Durante este tiempo ocurrieron acontecimientos trascendentales como la unión de las coronas de Castilla y Aragón, la expulsión de los moros, el descubrimiento de América y la incorporación de Navarra, completando el proceso de unificación territorial.
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El derecho patrio o nacional argentino es aquel que rigió desde 1810 hasta nuestros días, dividido en dos grandes períodos: el derecho nacional precodificado y el codificado. A su vez, se clasifica en derecho general (para todo el país) y derecho provincial.
Un aspecto crucial es entender que la Revolución de Mayo no derogó el derecho anterior. La reasunción de la soberanía se apoyó en la vacancia del trono español y la ruptura del pacto con la corona, pero el derecho castellano-indiano se mantuvo vigente hasta la etapa de codificación, especialmente en el ámbito del derecho privado.
Hasta la sanción de la Constitución Nacional, en Argentina se distinguieron dos corrientes doctrinarias principales: una racionalista (predominante) que buscaba una constitución de tipo racional-normativa, y otra historicista que se inclinaba por una constitución histórico-tradicional. Los presupuestos para la codificación fueron:
El Código Civil argentino, obra de Dalmacio Vélez Sarsfield, utilizó numerosas fuentes, principalmente:
💡 El proceso de codificación no fue una simple copia de modelos extranjeros, sino una cuidadosa adaptación que combinó el derecho tradicional hispano con las innovaciones jurídicas europeas.
La estructura del Código Civil comprende dos títulos preliminares y cuatro libros: personas (libro primero), obligaciones (libro segundo), derechos reales (libro tercero) y sucesiones, privilegios y prescripción (libro cuarto). Desde su sanción, ha recibido numerosas reformas, siendo la Ley 17.711 la más significativa por modificar su carácter individualista.
El pensamiento jurídico argentino evolucionó a través de diferentes generaciones. La Generación de 1810 incorporó ideas iluministas-liberales junto con concepciones tradicionalistas-historicistas. La Generación de 1837 (a la que perteneció Alberdi) replanteó el problema nacional con una nueva concepción de la filosofía de la historia. La Generación de 1880 introdujo el positivismo de Comte, mientras que la de 1910 marcó la plenitud del naturalismo jurídico.
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La expansión de España por todo el globo en el siglo XVI, gracias a sus descubrimientos geográficos y alianzas matrimoniales, creó una poderosa entidad que necesitaba un nombre que la diferenciara tanto del imperio como de otros reinos. Así nació el concepto de "monarquía", cuyo poder se fundamentaba en tres doctrinas:
Tras el descubrimiento de América, los Reyes Católicos solicitaron al Papa el dominio de las nuevas tierras. El Papa Alejandro VI les concedió "plena y libre potestad, autoridad y jurisdicción" sobre ellas. Inicialmente consideradas bienes gananciales, las Indias fueron formalmente incorporadas a la Corona de Castilla. Carlos V emitió una pragmática sanción prometiendo que estas tierras nunca serían enajenadas de Castilla, convirtiéndolas en bienes públicos.
La organización política del Estado indiano comprendía cuatro funciones principales:
🏛️ A diferencia del sistema político moderno de división de poderes, el régimen indiano organizaba las funciones estatales de manera más integrada, reflejando la visión unitaria del poder real.
El gobierno indiano se estructuraba en dos niveles:
Gobierno peninsular:
Gobierno local:
El control de los funcionarios indianos se realizaba mediante dos procedimientos: la visita (inspección en respuesta a denuncias) y el juicio de residencia (evaluación al término de sus funciones). Estos mecanismos buscaban garantizar el cumplimiento de deberes y evitar abusos de poder.
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La Iglesia Católica constituyó una parte fundamental de la organización indiana, ya que el estado colonial se había propuesto cumplir un objetivo fundamentalmente religioso. Para asegurar esta finalidad, los reyes de Castilla se convirtieron en protectores de la Iglesia, y el Papa Julio II les concedió en 1508 el privilegio de presentar candidatos a arzobispos, obispos y abades.
El regalismo fue una institución civil por la cual los reyes se arrogaron la plena jurisdicción canónica en las Indias, considerándola un atributo inseparable de su poder absoluto. Esto permitió a la Corona ejercer un estricto control sobre los asuntos eclesiásticos en América.
Respecto a la condición jurídica de los habitantes, el derecho indiano estableció diferentes categorías:
Los indios eran considerados miserables, necesitados de protección por su incultura, pero simultáneamente se les imponían restricciones a su libertad y se los subordinaba a los españoles. Se intentó extirpar prácticas como la poligamia y el matrimonio por compra. Los indios no podían abandonar sus pueblos salvo para trabajar en las ciudades, y tampoco tenían plena libertad de contratación. Los bienes de las comunidades indígenas eran administrados por oficiales reales.
Los esclavos, introducidos en el Río de la Plata desde 1587, eran jurídicamente considerados como cosas susceptibles de ser objeto de toda clase de contrato. Sin embargo, el espíritu cristiano, que consideraba la esclavitud contraria al derecho natural, determinó que no estuvieran completamente desprovistos de derechos. Podían casarse libremente (incluso contra la voluntad de sus dueños) y en 1789 se promulgó una real cédula que procuraba un tratamiento más humanitario.
⚖️ El sistema jurídico indiano reflejaba la tensión entre el reconocimiento de ciertos derechos humanos básicos y el mantenimiento de profundas desigualdades sociales basadas en el origen étnico.
La Revolución de Mayo marcó una importante transición. Si bien los cambios jurídicos no fueron inmediatos, se inició un proceso hacia la declaración de independencia que culminaría en la organización nacional. El cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 resultó en la deposición del virrey, y el 25 de mayo se formó la Primera Junta de Gobierno.
Los Reglamentos de Mayo establecieron los principios políticos fundamentales como la soberanía popular, el sistema representativo y la división de poderes. La Asamblea de 1813, primera de carácter nacional, dictó importantes leyes políticas, sociales y religiosas, incluyendo la libertad de vientres, la abolición de títulos nobiliarios y la prohibición de tormentos.
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El Reglamento de 1817, de carácter provisorio, estableció que el poder legislativo sería ejercido por el Congreso y suprimió el derecho a la resistencia o revolución. Este documento rigió hasta la sanción de la Constitución de 1819, que estaba dividida en seis secciones y tenía un marcado carácter unitario. Sin embargo, tras la derrota del Director Supremo en la batalla de Cepeda (1820), se firmó el Tratado del Pilar, por el cual Buenos Aires pasó a ser una provincia más.
La Constitución de 1826, sancionada bajo la presidencia de Rivadavia, estaba inspirada en la de 1819 aunque con algunos cambios en las denominaciones. Organizada en diez secciones, abarcaba desde la nación y su culto hasta las disposiciones para la reforma constitucional. No obstante, mientras se sancionaba, las provincias libraban una guerra civil cuestionando el poder central, y una a una fueron rechazando este texto constitucional.
El Pacto Federal de 1831 marcó un hito importante, ratificando tratados anteriores (Pilar, Benegas y el Pacto del Cuadrilátero). Era un acuerdo ofensivo-defensivo que establecía derechos y obligaciones para los habitantes de las provincias firmantes, y contemplaba la reunión de un "Congreso General Federativo" para dictar una Constitución federal. Todas las provincias se adhirieron a este pacto antes de finalizar el año.
Tras la batalla de Caseros y la derrota de Rosas, el Acuerdo de San Nicolás (31 de mayo de 1852) reunió a los gobernadores provinciales, estableciendo el régimen federal, la igualdad de las provincias y designando a Urquiza como Director Provisorio de la Confederación.
🔄 El camino constitucional argentino no fue lineal: estuvo marcado por avances y retrocesos, tensiones entre unitarios y federales, y la búsqueda de un equilibrio entre la autonomía provincial y la necesidad de un gobierno central.
Las reformas sociales de la Revolución también fueron significativas. La liberación de los esclavos se implementó de forma gradual: el Primer Triunvirato prohibió la introducción de esclavos, la Asamblea de 1813 dispuso la libertad para los hijos de esclavos, y finalmente la Constitución de 1853 estableció que "no hay esclavos" en Argentina.
En cuanto a los indígenas, muchos habitaban voluntariamente en estancias o casas de blancos y mantenían contacto con la civilización, trabajando como independientes en las ciudades. Sin embargo, las tendencias igualitarias que beneficiaron a indios y esclavos no alcanzaron a los mestizos, quienes seguían siendo considerados inferiores. Mientras tanto, los criollos se convirtieron en el elemento dominante de la sociedad, aunque surgieron rivalidades y persecuciones contra ellos.
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El sistema constitucional argentino ha experimentado diversas reformas a lo largo de su historia, cada una reflejando los cambios políticos, sociales y económicos del país. La Reforma de 1860 introdujo cambios significativos: suprimió la mención de Buenos Aires como capital de la república, eliminó la aprobación de constituciones provinciales por el Congreso, restringió las facultades del gobierno nacional y eliminó la prohibición de modificar el texto por diez años.
La Reforma de 1866 modificó los artículos 4 y 67 inciso 1, estableciendo que los impuestos de importación y exportación pasaran definitivamente al Estado Nacional. La Reforma de 1898 cambió la base de elección de diputados (uno por cada 33.000 habitantes) y aumentó el número de ministerios a ocho.
La Reforma de 1949, durante la primera presidencia de Perón, incorporó los derechos de segunda generación (laborales y sociales), reconoció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, estableció la función social de la propiedad y posibilitó la reelección presidencial indefinida. Este texto tuvo validez hasta 1955, cuando las fuerzas armadas restituyeron la Constitución de 1853.
La Reforma de 1957 incorporó los derechos del trabajo en el artículo 14 bis, mientras que la enmienda de 1972 (realizada durante un gobierno militar) intentó modificar la parte orgánica del texto constitucional, pero quedó invalidada tras cumplirse el plazo fijado por la junta militar.
📜 Las reformas constitucionales reflejan la tensión histórica entre estabilidad institucional y adaptación a nuevas realidades sociales. Cada modificación responde a necesidades históricas específicas y visiones políticas dominantes.
La Reforma de 1994 fue quizás la más profunda. Surgió del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, líderes de las dos fuerzas políticas principales. Esta reforma modificó 44 artículos, incorporando nuevos derechos (ambientales, del consumidor, a la información), estableciendo la preeminencia de tratados internacionales, el voto directo, la reelección presidencial por única vez, y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, entre otros cambios significativos.
El texto constitucional también prevé situaciones de excepción como la intervención federal (intervención del gobierno nacional en las provincias) y el estado de sitio (instituto de emergencia que otorga mayores poderes a las autoridades para preservar la ley fundamental).
En cuanto a la relación entre la Iglesia y el Estado, la Constitución otorga un status especial a la iglesia católica. El acuerdo del 10 de octubre de 1966 entre el Papa Paulo VI y el presidente Onganía garantizó el libre ejercicio del culto católico, estableció la competencia de la Santa Sede para nombrar obispos y arzobispos, y reconoció libertad para las comunicaciones entre la Santa Sede y sus fieles.
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