El golpe que derrocó a Perón

El 16 de septiembre de 1955, apenas dos meses después del bombardeo a Plaza de Mayo, se concretó el golpe de Estado que sus protagonistas denominaron "Revolución Libertadora". Los militares golpistas, con el apoyo de la iglesia, sectores civiles y algunos partidos políticos, justificaron su accionar presentándose como libertadores frente a lo que consideraban una "dictadura totalitaria" de Perón, quien partió al exilio alegando evitar un derramamiento de sangre.

Con este golpe se profundizó la división entre peronismo y antiperonismo que marcaría las siguientes décadas de la política argentina. Dentro de las fuerzas golpistas existían dos tendencias claramente definidas: por un lado, el ala nacionalista católica liderada por el general Eduardo Lonardi, que proponía una actitud más conciliadora bajo el lema "ni vencedores ni vencidos"; por otro lado, el sector liberal encabezado por el almirante Isaac Rojas, radicalmente antiperonista, cuyo objetivo era eliminar completamente toda huella del régimen peronista.

El general Lonardi asumió como presidente de facto el 23 de septiembre de 1955, con la banda presidencial entregada simbólicamente por un cardenal. Su proyecto político buscaba rescatar la estructura del peronismo pero sin Perón, manteniendo las conquistas sociales y una relación cordial con los trabajadores. Sin embargo, este intento conciliador chocaría frontalmente con la postura del vicepresidente Rojas.

¡Importante! La breve presidencia de Lonardi (apenas 53 días) muestra cómo dentro del propio golpe existían visiones contrapuestas: una que buscaba incorporar al peronismo sin Perón, y otra que pretendía erradicarlo completamente.

La "desperonización" y la persecución política

Con la llegada de Aramburu a la presidencia, tras desplazar a Lonardi el 13 de noviembre de 1955, comenzó una verdadera persecución contra el peronismo. Se abandonó la política conciliadora y se implementó un programa sistemático de "desperonización" de la sociedad argentina mediante una serie de decretos represivos: el 3355/55 disolvió el partido peronista, el 4166 prohibió toda simbología peronista, se castigaba con prisión e inhabilitación política a quien pronunciara el nombre de Perón o cantara la marcha peronista.

La Revolución Libertadora intervino la CGT y los sindicatos, encarceló a dirigentes políticos y sindicales peronistas, y derogó la Constitución de 1949 reestableciendo la de 1853. El régimen creó la Comisión Nacional de Investigaciones para perseguir a los sospechosos de ser peronistas, alentando incluso la delación entre ciudadanos. Este proceso represivo no solo afectó a políticos y sindicalistas, sino también a artistas populares como Hugo del Carril, Nelly Omar y Alberto Castillo, entre otros.

En 1956, una rebelión armada liderada por el general peronista Juan José Valle fue brutalmente reprimida. Se aplicó la Ley Marcial y se fusiló a Valle junto a varios militantes, episodio que llevó a que muchos peronistas rebautizaran este periodo como la "Revolución Fusiladora". Estas ejecuciones marcaron un punto de inflexión en la resistencia peronista.

Frente a la represión y la pérdida de derechos laborales (suspensión de convenios colectivos, congelamiento de salarios), los trabajadores respondieron con lo que se conocería como "la Resistencia Peronista": sabotajes, colocación de explosivos caseros y manifestaciones clandestinas, siguiendo el llamado de Perón desde el exilio a resistir por todos los medios.

Dato clave: Los fusilamientos de 1956 profundizaron el odio político y sembraron las semillas de la violencia que caracterizaría a la Argentina en las décadas siguientes, cuando muchos jóvenes vieron en la lucha armada la única respuesta posible ante la proscripción.

El giro económico liberal

La Revolución Libertadora implementó un cambio radical en la política económica respecto al modelo peronista. Siguiendo un plan elaborado por Raúl Prebisch, funcionario de la CEPAL, el gobierno adoptó políticas de corte liberal que implicaron la liberalización del sector externo y la reducción del rol del Estado en la economía.

Prebisch diagnosticó tres problemas principales: escasez de divisas, fragilidad industrial y baja productividad. La solución propuesta fue reducir el gasto público para sanear las finanzas estatales, aumentar los ritmos de trabajo en la industria para incrementar la productividad y promover exportaciones para obtener las divisas necesarias. Para esto último se devaluó la moneda, buscando aumentar la rentabilidad del sector agropecuario exportador.

El gobierno eliminó el control de cambios y desmanteló el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), organismo clave del peronismo que compraba la producción agrícola a precio mínimo y exportaba al precio internacional, usando la diferencia para subsidiar la industria. Estas medidas favorecían al sector agropecuario tradicional en detrimento del sector industrial, al que perjudicaban eliminando las políticas proteccionistas y encareciendo sus insumos por la devaluación.

Argentina se incorporó al FMI y al Banco Mundial, lo que permitió obtener créditos pero a cambio de implementar "Planes de Estabilización" que exigían reducción de salarios, eliminación de trabas al ingreso de capitales extranjeros, disminución de aranceles y reducción del gasto público. Sin embargo, estas políticas no lograron el equilibrio económico esperado: las exportaciones crecieron menos que las importaciones, disminuyó la capacidad de consumo interno y aumentó considerablemente el endeudamiento externo.

Reflexión económica: La paradoja del plan Prebisch era que mientras proclamaba como objetivo a largo plazo la industrialización, implementaba medidas que favorecían al sector agroexportador tradicional y perjudicaban al desarrollo industrial nacional.

La persecución legal del peronismo

El Decreto Ley 4161 de 1956 representa uno de los ejemplos más extremos de persecución ideológica en la historia argentina. Este decreto no solo prohibía al partido peronista, sino que criminalizaba cualquier expresión, símbolo o mención relacionada con el peronismo, con penas que iban desde los 30 días hasta los 6 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones políticas.

El texto del decreto justificaba estas prohibiciones alegando que la simbología peronista "ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino" y "constituye una afrenta que es imprescindible borrar". Prohibía específicamente usar fotografías de Perón o Eva, el escudo y la bandera peronista, las expresiones "peronismo", "justicialismo" o "tercera posición", la Marcha Peronista, e incluso fragmentos de discursos del "presidente depuesto" (como se referían a Perón).

La severidad del decreto llegaba al extremo de declarar sus disposiciones de "orden público", lo que significaba que no podían alegarse derechos adquiridos contra ellas. También establecía la caducidad de marcas comerciales que contuvieran cualquier referencia al peronismo, y las sanciones incluían, además de prisión y multas, inhabilitación para cargos públicos o sindicales por el doble del tiempo de condena.

Para los peronistas, este decreto representaba la máxima expresión del odio antiperonista y la negación de sus derechos políticos. La prohibición de elementos tan básicos como canciones, nombres o símbolos demostraba el temor que el gobierno de facto tenía ante la persistencia del sentimiento peronista en las clases populares, a pesar de la ausencia física de su líder.

Para reflexionar: El Decreto 4161 intentaba eliminar no solo una fuerza política sino borrar una identidad cultural arraigada en millones de argentinos, demostrando que la "desperonización" no se limitaba a lo político, sino que buscaba intervenir en la memoria colectiva y la cultura popular.

Las consecuencias políticas y el legado

La Revolución Libertadora dejó huellas profundas en la cultura política argentina que perdurarían por décadas. La proscripción del peronismo, lejos de lograr su desaparición, lo fortaleció como identidad de resistencia popular y transformó el escenario político en un juego imposible: pretender construir una democracia excluyendo al movimiento político mayoritario.

El gobierno militar convocó a elecciones para legitimar su proyecto, pero antes eligió convencionales constituyentes que legalizaran la derogación de la Constitución de 1949 y el restablecimiento de la de 1853. Esta maniobra, realizada con el peronismo proscripto, sembró dudas sobre la legitimidad de todo el proceso constitucional posterior y estableció un peligroso precedente de manipulación institucional.

La brutalidad de la represión contra los peronistas, especialmente los fusilamientos de 1956, contribuyó a la radicalización política de las nuevas generaciones. Muchos jóvenes interpretaron que si el peronismo no podía expresarse por vías democráticas, la violencia revolucionaria era el único camino posible. Esta lectura alimentaría en las décadas siguientes el surgimiento de organizaciones armadas peronistas y de izquierda.

La Revolución Libertadora también instauró un patrón que se repetiría en Argentina: la intervención militar para "corregir" los resultados electorales cuando estos no favorecían a los sectores tradicionales de poder. Este ciclo de democracias restringidas e interrupciones militares caracterizó la vida política argentina hasta 1983, profundizando la inestabilidad institucional y debilitando la cultura democrática.

Legado histórico: La principal paradoja de la Revolución Libertadora es que, mientras se presentaba como restauradora de la democracia, estableció un precedente antidemocrático al proscribir a un movimiento político mayoritario y perseguir a sus seguidores, sentando las bases para décadas de inestabilidad política y conflicto social en Argentina.